Calasparra Viva, VOX y el Partido Popular reclaman la personación del Ayuntamiento como acusación particular, el cese de la defensa jurídica de los acusados y la dimisión de D. Antonio José Merino Moreno, teniente de alcalde imputado por malversación, prevaricación y falsedad documental

Calasparra, 11 de diciembre de 2024.- Los portavoces del Grupo Municipal Mixto-Calasparra Viva, VOX y el Partido Popular de Calasparra, junto con los concejales del Grupo Popular, han presentado formalmente una solicitud para la convocatoria de un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Calasparra. La iniciativa surge tras la reciente apertura de juicio oral contra D. José Vélez Fernández, D. Antonio José Merino Moreno y D. Jordi Arce Corbalán, todos ellos vinculados al PSOE, junto con D. Pedro Pérez Roldán, administrador único de la mercantil Chipe Producciones SL.

La apertura de juicio oral ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz dentro del procedimiento 110/2021, e implica un cambio en la situación procesal de los implicados, que pasan de ser investigados a acusados formales. Según el auto, se les imputan los siguientes delitos:

Delito continuado de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal).

Delito continuado de malversación de caudales públicos (artículos 432 y siguientes del Código Penal).

Delito de falsedad documental (artículo 390.1, 4° del Código Penal).

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas significativas:

Para D. José Vélez Fernández y D. Antonio José Merino Moreno: 8 años y 6 meses de prisión, además de 30 años de inhabilitación especial para cargo público y sufragio pasivo.

Para D. Pedro Pérez Roldán: 8 años y 6 meses de prisión, además de 30 años de inhabilitación especial.

Para D. Jordi Arce Corbalán: 5 años de prisión y 26 años de inhabilitación especial.

Asimismo, se exige una indemnización conjunta y solidaria de 249.630,42 euros al Ayuntamiento de Calasparra, cantidad que refleja los perjuicios sufridos, y se establece la responsabilidad civil subsidiaria de Chipe Producciones SL.

MOTIVACIÓN Y PROPUESTAS

Los solicitantes del pleno extraordinario subrayan la gravedad de los hechos y la urgencia de que el Ayuntamiento se persone como acusación particular para defender los intereses de los ciudadanos de Calasparra. Además, consideran inadmisible que el equipo de gobierno mantenga el apoyo jurídico a D. Antonio José Merino Moreno, quien podría ser condenado a indemnizar al propio consistorio.

Los proponentes también destacan la contradicción ética y política que supone que una persona acusada de delitos como falsedad documental, malversación y prevaricación continúe ejerciendo responsabilidades públicas. D. Antonio José Merino Moreno actualmente desempeña el cargo de teniente de alcalde y es responsable de áreas clave como policía local, hacienda, urbanismo y medidas antifraude, lo que, según los portavoces, mina la confianza en la gestión municipal.

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO EXTRAORDINARIO

En el Pleno Extraordinario solicitado se abordarán los siguientes puntos:

Debate y votación para que el Ayuntamiento de Calasparra, mediante sus servicios jurídicos, se persone como acusación particular en el procedimiento judicial mencionado.

Debate y votación para cesar, con carácter de urgencia, la defensa jurídica prestada por el Ayuntamiento en favor de D. Antonio José Merino Moreno.

Debate y votación para exigir la dimisión inmediata de D. Antonio José Merino Moreno como concejal y teniente de alcalde.

CRÍTICAS AL EQUIPO DE GOBIERNO

Los grupos solicitantes han cuestionado duramente al equipo de gobierno, liderado por el PSOE, por priorizar, según ellos, la defensa de intereses partidistas sobre el bienestar de los ciudadanos. En este contexto, consideran "paradójico e inaceptable" que el Ayuntamiento sufrague la defensa jurídica de D. Antonio José Merino Moreno mientras la Fiscalía solicita que él y otros acusados indemnicen al municipio.

Los portavoces Alonso Torrente Rodríguez (Mixto-Calasparra Viva), José Moya Burruezo (VOX) y María Marín Salinas (PP) recalcaron que la administración municipal tiene la obligación de actuar con transparencia y firmeza frente a estos presuntos actos de corrupción, velando siempre por los intereses de los ciudadanos y exigiendo las correspondientes responsabilidades a quienes pudieran haber atentado contra ellos.