En el pleno ordinario celebrado anoche en el Ayuntamiento de Calasparra ocurrió algo insólito, algo que nos obliga a agrandar nuestra capacidad de asombro y hacer uso de nuestras máximas cualidades empáticas con el fin de entender las actitudes de unos políticos, que a nuestro entender están perdiendo el norte.
La sesión se caracterizó por el escaso contenido del orden del día, donde destacaba el punto 2°, relativo al Plan Municipal contra el Absentismo Laboral, que fue aprobado por unanimidad.
Al inicio, el portavoz popular, Jesús Alajarín, presentó para su inclusión en el pleno, una moción de urgencia por la que se instaba al ejecutivo municipal a la paralización y revisión posterior del proceso iniciado por el Ayuntamiento para cobrar sanciones por presuntas infracciones urbanísticas.
El edil popular justificaba la urgencia de la moción por la alarma social generada en la población calasparreña ante la avalancha de cartas remitidas desde el Ayuntamiento conteniendo notificaciones de las resoluciones de distintos expedientes incoados por presuntas infracciones urbanísticas. Sin embargo el Alcalde-Presidente no consideró procedente su inclusión, ni tan siquiera que los grupos políticos se manifestasen a favor o en contra de su debate, justificando su decisión en que debía de haberse presentado antes de las 14 horas del inicio del pleno. Sin embargo la legislación municipal (artículo 45 Reglamento de plenos del Ayuntamiento de Calasparra) establece que la moción de urgencia también se puede presentar en el momento del comienzo de la sesión, hecho este omitido y vulnerado por el Alcalde-Presidente.
Al no admitirse la moción, el Grupo Popular procedió a repartir entre los asistentes, fotocopias de dicha moción para informar del contenido de la misma.
Pero el punto álgido de la sesión llegó cuando el Alcalde anunció el final y prohibió a los medios de comunicación locales que siguieran trasmitiendo justo en el momento en que los vecinos asistentes procedían a preguntar a los miembros del gobierno municipal a cerca de las sanciones urbanísticas. Hecho que produjo gran indignación entre los populares, porque, decían, se estaba vulnerando la libertad de expresión y la libertad de información.
Desde que se inició la actual legislatura, los plenos se estaban trasmitiendo en su totalidad, desde el comienzo de la sesión hasta que los vecinos y vecinas asistentes pusieran fin a sus preguntas. Es importante destacar que anteriormente a esta legislatura, cuando el PSOE de Calasparra gobernaba con mayoría absoluta, NUNCA en 32 años dejaron que se trasmitiese ningún pleno. Esta fue la primera demanda del Grupo Municipal Popular y desde mayo del 2011 se trasmiten los plenos en Calasparra.
Los populares consideran un atropello el hecho de esta prohibición, no sólo porque forma parte de una decisión unilateral del equipo de gobierno al ser consciente de la repercusión que podría tener la presión a la que les sometería las preguntas incómodas de los asistentes, sino también porque consideran que no actúan de la misma manera cuando es el grupo popular el increpado, entonces no hay ningún problema para grabarlo todo y darle la máxima difusión.
El Partido Popular de Calasparra quiere manifestar públicamente su más enérgica protesta por estos hechos que coartan la libertad de expresión y la libertad de información, más propia de regímenes dictatoriales de repúblicas bananeras que del régimen de libertades democráticas con el que contamos en España.